Sobre los 3,900 msnm, el silencio de Uchuraccay parece más elocuente que cualquier informe oficial. En las alturas de Ayacucho, donde la puna corta la respiración, el frio cala los huesos y la historia sigue doliendo, el periodismo peruano fue, metafóricamente, asesinado a golpes un 26 de enero de 1983.
Ese día, ocho periodistas y un guía llegaron buscando las noticias que hablaban de abusos del grupo terrorista Sendero Luminoso, pero también de excesos de las fuerzas del orden, la búsqueda de respuestas los llevó a la muerte.
Cada enero, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), en un rito que permanece durante décadas, el gremio recuerda lo que algunos sectores del país prefieren olvidar señalando que se trata de “un acto político y con sentido profundo se busca defender la memoria como condición indispensable de la democracia”.
Este 2026, la ANP convocó actividades conmemorativas en Lima, Huamanga, Huanta, Tambo y la propia comunidad de Uchuraccay, afirmando que la memoria no puede centralizarse debe volver al territorio donde ocurrió la violencia y dialogar con quienes aún cargan sus consecuencias.
Expedición sin retorno
Ha sido documentado como ese 26 de enero de 1983, los periodistas de El Diario de Marka, El Observador, La República, Oiga y Noticias de Ayacucho viajaron para investigar una matanza previa: la de comuneros acusados de ser senderistas en Huaychau. Querían entender qué estaba ocurriendo en una región atrapada entre el terror de Sendero Luminoso y la violencia del Estado.
Los periodistas nunca regresaron, fueron asesinados brutalmente en Uchuraccay, en un contexto de miedo extremo, desinformación y militarización.
Los pobladores —según se estableció después— actuaron bajo la consigna de que toda persona que llegara a pie era un enemigo que tenía que ser liquidado. Una consigna que no nació en la comunidad, sino en la lógica de guerra impuesta desde fuera.
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La historia oficial y sus grietas
La versión inicial del gobierno de Fernando Belaunde fue rápida y conveniente: los comuneros confundieron a los periodistas con terroristas. El llamado Informe Vargas Llosa (1983) consolidó este discurso, liberando de culpas a las fuerzas militares y responsabilizando exclusivamente a los campesinos. Incluso sostuvo que los periodistas portaban una bandera roja, afirmación que fue desmentida.
Cuatro años después, en 1987, el Poder Judicial condenó únicamente a tres campesinos, dejando intacta cualquier responsabilidad militar. Las familias de las víctimas denunciaron desde entonces un juicio incompleto y sesgado.
Fue 20 años después, en el 2003, que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) recuperó las fotografías tomadas por Willy Retto —probablemente los últimos registros antes de la masacre— y profundizó en la complejidad del contexto: el abandono del Estado, la confusión inducida por las fuerzas de seguridad, la desprotección absoluta de los periodistas. Sin embargo, tampoco hubo responsables militares directos señalados.
La ANP y la memoria como resistencia
En ese escenario de impunidad prolongada, la ANP ha cumplido un rol que va más allá de la representación gremial, su presidenta Zuliana LaineZ precisa: «Nos negamos a clausurar el duelo, insistimos que Uchuraccay no es solo una tragedia del pasado, sino una herida abierta del presente».
Desde 1983 hasta hoy, de acuerdo a los registros gremiales más de 60 periodistas han sido asesinados en el Perú. Muchos de esos crímenes siguen sin justicia, al respecto agrega: «Recordar Uchuraccay es, entonces, recordar a todos ellos. Es advertir que la violencia contra la prensa no es un accidente, sino una consecuencia de la precariedad democrática y del desprecio por la vida y la verdad».
En un contexto marcado por el acoso, la estigmatización y la criminalización del periodismo, la ANP insiste en una idea necesaria: sin justicia para Uchuraccay, no hay garantías reales para el ejercicio periodístico en el Perú, como señala en su nota de presentación del programa conmemorativo.
Volver a nombrarlos
Eduardo de la Piniella. Pedro Sánchez. Félix Gavilán. Jorge Luis Mendivil. Willy Retto. Jorge Sedano. Amador García. Octavio Infante. Juan Argumedo. Severino Huáscar Morales, se sostiene que nombrarlos y reconstruir la historia es un acto social de reivindicación.
A 43 años de la masacre, la ANP convoca no solo a una conmemoración, sino a un ejercicio colectivo de memoria crítica. Porque el periodismo no puede avanzar si acepta el olvido como destino. Porque la verdad no prescribe. Y porque Uchuraccay no es solo un lugar: es un recordatorio permanente de lo que ocurre cuando informar se vuelve un acto mortal y la justicia decide mirar a otro lado.
(FIN) Ensayo General
