Todos los días, una cuota de violencia salpica a los peruanos a través de los medios de comunicación. El lunes 1 de setiembre, dos personas fueron acribilladas en Trujillo; el martes 2, un joven de 25 años fue asesinado por sicarios en el Cercado de Lima. Solo un día después, un padre de familia de 38 años fue emboscado en Huancayo. En los primeros tres días de setiembre, la prensa dio cuenta de cuatro asesinatos. Y en lo que va del 2025, la lista es larga.
De acuerdo al informe ‘Legislar para la impunidad: Cómo el Congreso del Perú permite el avance del crimen organizado’, publicado por Human Rights Watch (HRW) en julio de este año, en el 2024 el Perú alcanzó la cifra anual más alta de homicidios de los últimos siete años, la mitad de ellos atribuidos a sicarios.
En seis años, entre el 2018 y el 2024, los homicidios en el país aumentaron en 137 %, según datos de la Policía Nacional del Perú (PNP). Solo en el 2024 se reportaron 2,546 asesinatos, más de 210 por mes, en promedio.
El informe de HRW explica que las cifras de la PNP no coinciden con las del Ministerio de Salud (Sistema Informático Nacional de Defunciones-SINADEF), que son menores.
No obstante, se evidencia un incremento de muertes. HRW cita al MINSA para estimar que en este 2025 el Perú rompería un récord de homicidios. Entre enero y marzo de este año ya se registraron 562, 20 % más que el mismo período del 2024.
Según la policía, más de la mitad de los homicidios cometidos en 2024 fueron perpetrados por sicarios: Lima registró 856; Madre de Dios tuvo la tasa más alta, con 20 homicidios por cada 100,000 habitantes, seguido por Tumbes (14.6), La Libertad (13), Callao (11), Ica (7.9) y Lima (7.6).
Estas dramáticas cifras ocultan a un grupo de víctimas invisibles: no existe un registro de las niñas, niños y adolescentes que han quedado huérfanos a causa del sicariato. Se trata de un grupo de menores que soporta una carga de efectos colaterales porque, además de la orfandad, afrontan problemas de salud mental, estigmatización e invisibilización.
La orfandad es una variable que requiere cruzar información del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), SINADEF, PNP, bases de protección social del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), un trabajo aún no ha asumido por el Estado, cuyos funcionarios no han consolidado ninguna cifra oficial.
El Estado peruano cuenta con varios mecanismos de protección de huérfanos. En primer lugar, el Decreto Legislativo 1297 asegura medidas urgentes cuando un niño queda sin cuidados parentales, como acogimiento familiar o residencial, mientras que la Ley 31405 otorga una asistencia económica de 200 soles mensuales –junto con acompañamiento profesional– a niños en situación de orfandad, sin importar la causa de la muerte de sus padres. En casos de feminicidio, el Decreto de Urgencia 005-2020 establece un apoyo especial de 600 soles bimestrales para los hijos de las víctimas.
En este caso, sí se identifica a los huérfanos por feminicidio, pero confirmamos que ninguna institución pública ha considerado el recuento de las niñas y niños en orfandad por la criminalidad. A la fecha, no se ha ubicado ningún informe oficial que dé cuenta de estos casos.
Al respecto la abogada Dirka Varea Ratto, especialista en protección de los derechos de poblaciones vulnerables, sostiene: “Si no sabemos cuántos niños quedan huérfanos por homicidios, el Estado no puede dimensionar la magnitud del problema ni diseñar políticas específicas. Lo que no se mide prácticamente no existe para la planificación pública. En consecuencia, estos niños terminan siendo invisibles y la respuesta estatal se limita a medidas parciales y reactivas, en lugar de tener programas sostenidos y con presupuesto realista”.
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Vacíos legales
La especialista reconoce que sí existen programas de protección y apoyo económico, aunque el gran desafío sigue siendo “llegar a tiempo” y brindar un acompañamiento integral que cubra no solo lo material, sino también lo emocional.
En el feminicidio se precisa el enfoque de ‘víctima indirecta de violencia de género’; por ello tiene un subsidio mayor, prioridad en la atención y medidas de protección diferenciadas. Para el caso de huérfanos por sicariato u otros homicidios, la respuesta es más general, dado que ésta se enmarca en la ley de orfandad por cualquier causal, con menor monto y sin el reconocimiento explícito como víctima indirecta, explica Varea Ratto.
Además, detalla que la normativa sobre el amparo a víctimas de feminicidio está en el marco de la Ley 30364, la misma que responde a una política de lucha contra la violencia de género. Sin embargo, a diferencia de las víctimas amparadas en la ley de orfandad, no existe una política o un enfoque específico que trate a la violencia que ejerce el crimen organizado.
“La mayor falencia está en la desigualdad de trato. Hoy tenemos una protección especial para los hijos de víctimas de feminicidio, con un subsidio más alto y un reconocimiento como víctimas indirectas. Pero los niños que quedan huérfanos por sicariato u otros homicidios solo acceden a la pensión general de orfandad, con un apoyo económico menor y sin acompañamiento”, subraya.
La situación es compleja, admite la abogada. Al no existir un enfoque diferenciado que considere los efectos del trauma o el riesgo de que el crimen organizado siga afectando el entorno de estos menores “se produce un vacío legal que debería ser atendido con urgencia”.
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Traumas de por vida
La doctora Regina Moromizato, presidenta de COPERA Infancia, precisa que su institución viene trabajando en Objetivos de Desarrollo de la Niñez (ODN). Dos de estos objetivos se vinculan a ‘Violencia contra niños y niñas’ y ‘Salud mental de cuidadores’, por lo que considera factible y necesario incorporar a estos ODN preguntas específicas sobre orfandad a causa del sicariato que contribuyan a visibilizar esta problemática.
La pérdida violenta de un padre o madre genera un impacto emocional importante, pero las consecuencias para un niño que se encuentra en una etapa de alta dependencia y vulnerabilidad generan un trauma complejo que se puede manifestar en conductas como la ansiedad, el retraimiento, la depresión, la hipervigilancia, irritabilidad desbordada, dolores en el cuerpo sin ninguna enfermedad aparente, regresiones en el desarrollo como pérdida del lenguaje adquirido, dificultades de separación, alteraciones del sueño y en la alimentación, entre otros, precisa Moromizato, doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud.
Generalmente, la crianza de estos huérfanos queda a cargo de familiares cercanos. Y en caso de no haberlos, el Estado debe asumir la crianza. Moromizato remarca que los cuidadores tienen un rol crucial y reparador en el proceso de “sanar el dolor y el miedo al abandono”.
Los nuevos cuidadores enfrentan muchas veces situaciones de estrés parental.
Aunque son escasas las investigaciones en Latinoamérica, un estudio de la Universidad de Duke (Carolina del Norte, 2013) muestra la relación bidireccional entre el estrés del cuidador y los síntomas psicosociales de los niños. En el 2014, un estudio en Sudáfrica con 726 cuidadores de niños huérfanos reportó un 40% con altos niveles de carga emocional, siendo el hambre (inseguridad alimentaria del hogar) el predictor más significativo.
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Soporte y políticas públicas
El ciudadano que asume la responsabilidad de un niño huérfano por sicariato debe tener acompañamiento psicológico, económico y comunitario. Moromizato explica que los estudios muestran que la preocupación económica suele ser el mayor factor de estrés en las familias que acogen a niños en situaciones de orfandad. Y tal vez eso no sea distinto para los casos de huérfanos por sicariato, por lo que se debería pensar en pensiones especiales, subsidios para asegurar manutención, educación y salud.
La solución centrada en el bienestar del niño no pasa sólo por la entrega de recursos, sino que debe verse de forma multidimensional. Es decir, contemplar acompañamiento psicológico al grupo familiar, dotar de técnicas de parentalidad positiva y manejo de crisis, crear comunidades de apoyo y atención para situaciones de emergencia, agrega.
Un papel fundamental es el que juega la comunidad para no permitir la estigmatización y crear espacios recreativos.
La abogada Varea Ratto coincide con Moromizato en el papel clave de las organizaciones civiles. Muchas veces son las primeras en llegar donde el Estado aún no lo hace. Pueden brindar acompañamiento emocional y comunitario, apoyar en la gestión de becas o ayudas de emergencia y, sobre todo, actuar como red de protección para que el niño no quede aislado ni revictimizado.
También ejercen un papel de vigilancia ciudadana, presionando al Estado para que cumpla sus obligaciones y cerrando brechas de atención en momentos críticos. Las organizaciones civiles son un puente importante entre la urgencia de atención al NNA y la lentitud del Estado en atenderlos.
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Redes de información
COPERA Infancia, como movimiento de la sociedad civil que aboga por los derechos de todos los niños y niñas, en especial la primera infancia, participa en espacios estratégicos para relevar la situación de alto riesgo y vulnerabilidad en el que viven niños y niñas. “Sin embargo, percibimos que nuestra voz no llega lo suficientemente fuerte a las instancias de los tomadores de decisiones y, en consecuencia, una alianza con medios de comunicación, universidades y otras organizaciones podría generar una sinergia a favor de los niños y las niñas”.
Varea Ratto agrega que, desde el punto de vista legal, los medios de comunicación deben proteger evitando exponer la identidad de los NNA y abstenerse de difundir imágenes o detalles que lo estigmaticen. Evitar centrarse en lo morboso del crimen, visibilizando la problemática estructural: la falta de protección, la violencia criminal y la necesidad de políticas públicas.
“Un enfoque responsable implica narrar la historia desde la dignidad y la protección de la víctima, no desde el sensacionalismo. En otras palabras, el periodismo debe ser un aliado en la defensa de los derechos de la niñez, no un factor que profundice su vulnerabilidad”, afirma.
(FIN) Ensayo General
